Caso Emarsa: “Solo con un juicio sabremos la verdad”

ÁBALOS: “SÓLO CON LA CELEBRACIÓN DEL JUICIO SE PODRÁ ESCLARECER LA VERDADERA DIMENSIÓN DEL SAQUEO DEL PP EN LA DEPURADORA”.

Congreso 22

El PSPV-PSOE de la provincia de Valencia mantendrá su petición de juicio para esclarecer la gestión de fondos públicos y poder exigir responsabilidades tanto políticas como penales. En estos términos se ha expresado hoy el secretario general José Luis Ábalos ante el acuerdo entre la Fiscalía, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidraúlicos (Emshi) y la Generalitat para “saldar uno de los casos más sonrojantes de corrupción del PP valenciano”.

El secretario general, que ha definido como “extraño” que la Fiscalía acceda a pactar cuando hay acusados que han asumido el delito, ha querido ir más allá de lo estrictamente procesal y ha asegurado que “los juicios no son sólo para sancionar las responsabilidades penales o administrativas, los juicios son la herramienta que tenemos los ciudadanos para esclarecer la verdad y los pactos  anulan esa posibilidad”.

Ábalos ha insistido, tal y como ya se ha pronunciado en otras ocasiones tanto él como otros representantes del PSPV, en que “todas las maniobras que los populares están intentando llevar a cabo no buscan sino desvincular al PP de la ciudad de Valencia de una trama perfectamente orquestada y articulada, cuando cada vez que se conocen datos nuevos vemos que la dirección local está totalmente implicada”.

“Si Fabra realmente se creyera su famosa línea roja ya hace tiempo que le hubiera exigido la renuncia a Rita Barberá, como máxima responsable política y no sabemos todavía si penal, de un entramado de financiación ilegal del PP en la ciudad. Una red tejida cuidadosamente y formada por varios cargos populares. Esto no son cuatro chorizos, el Caso Emarsa es por desgracia – ha dicho Ábalos – una muestra más de la corrupción generalizada con la que el PP ha gobernado tanto el Ayuntamiento de Valencia comola Generalitat”.

El PSPV-PSOE va a seguir reclamando la celebración de la vista y la anulación del pacto alcanzado porque “169.200 € y una pena mínima de prisión por responsabilidad civil, ni saldan la deuda con los valencianos ni esclarecen lo sucedido”.

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